El Poder Ejecutivo dispuso jubilaciones de RD$30 mil mensuales para los seis periodistas destacados del gremio
La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) recibió anoche con beneplácito el decreto 207-12 mediante el cual el Poder Ejecutivo pensionó a seis miembros destacados de la institución a partir de la solicitud que inició su directiva en enero para festejar la primera edición del Premio al Mérito Periodístico que se celebró el 28 de febrero.
El presidente Leonel Fernández dispuso jubilaciones de RD$30 mil mensuales para Carlos Cepeda Suriel, Napoleón Beras Prats, Carlos T. Martínez, Claudio Concepción, Pedro Araújo y Santiago –Pito– Acevedo, actual secretario de Asuntos Regionales de la directiva.

Acroarte inició el proceso de solicitud de las jubilaciones a principios de febrero, a través del Ministerio de Cultura, luego que ambas entidades firmaran un acuerdo de colaboración en el que Lantigua garantizó impulsar esta iniciativa, conjuntamente con otros aspectos académicos y culturales incluidos en el convenio.
“Este es un logro muy importante para este Comité Ejecutivo que trabaja para mejorar la calidad de vida de sus miembros. El 28 de febrero celebramos la primera edición del Premio al Mérito Periodístico, con la entrega de reconocimientos y medio millón de pesos a cinco miembros ilustres del gremio periodístico. También damos créditos a la asesoría de la ex presidente Marivell Contreras, quien jugó un rol importante para que nosotros fírmaramos el acuerdo de colaboración con el Ministerio de Cultura”, agregó Jiménez.
De esta manera, Carlos Cepeda Suriel, ideólogo de los Premios Casandra, Claudio Concepción, Pito Acevedo, Pedro Araújo y los ex presidentes Carlos T. Martínez y Beras Prats se convierten en los primeros acroartistas pensionados del plan social que inició el actual Comité Ejecutivo de Acroarte.
El decreto establece que estas pensiones serán pagadas con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la Ley de Presupuesto General del Estado, y la misma serán ejecutada por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, a cargo del Estado, del Ministerio de Hacienda, dentro de un plazo de tres meses, contados a partir de la fecha en que salió la disposición presidencial.
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